Sobre 2,500 personas no duermen sobre una cama ni bajo un techo en Puerto Rico, sino donde los coja la noche. La pregunta es: ¿cuántos de ellos son jóvenes? El Departamento de la Familia identificó 85. Organizaciones que trabajan directamente con esa población estiman que son más de 300. Puede ser uno. Pueden ser mil. Por ahora sabemos de Christian y cómo su caso es un perfil bastante completo de los jóvenes que deambulan.
Por:Víctor Rodríguez-Velázquez • 19 de noviembre de 2019
El menor de los cuatro
Para Christian Rivera Robles lo más difícil de vivir en la calle es conseguir comida,
pasar frío en la madrugada,
buscar dónde bañarse 0
guardar sus pertenencias o
conseguir ropa.
Pero lo más que le afecta son las miradas.
“Está cabrón. Entrar a los sitios y que la gente te mire mal porque estás en la calle. Es injusto”, dijo.
Lleva “como cinco” años de sus 24 deambulando en Caguas. Allí duerme en el terminal de carros públicos junto a otras tres personas sin hogar. Es el menor del cuarteto.
También es uno de los cientos de jóvenes entre los 18 y los 24 años que pasan sus días en alguna acera o esquina o bajo cualquier puente. Son cientos, aunque el Departamento de la Familia solo identificó a 85 jóvenes en enero del 2019. Son cientos, porque organizaciones que trabajan con esta población, como la Coalición de Coaliciones y Matria, aseguran que la cifra del Departamento de la Familia no es real.
La historia, primera parte
Sentado en un restaurante de comida china cerca del terminal, Christian explicó tres cosas: cómo se quedó sin techo, por qué no cree en el gobierno y cómo sobrevive en la calle. Su historia es esta:
Desde los tres meses estuvo bajo la tutela del Departamento de la Familia. Aunque en la adolescencia conoció a su madre biológica, nunca tuvo una relación con ella. Pasó por más de 60 hogares sustitutos. Desde los 15 años experimentó con “la calle”. A los 21 años se movió a una vivienda propia, pero no pudo compensar los gastos de un techo propio.
“Cumplí 21 años y ellos [el Departamento] me despacharon. Ellos le fallan a los menores. Los meten en un hogar y no les importa nada más. Uno está tres años en un hogar y la agencia va a visitarnos una o dos veces. No saben si nos dan un mal golpe o algo. A mí nunca me hicieron caso cuando les dije de mi maltrato”, recordó.
Terminó la escuela superior. Comenzó a estudiar artes culinarias en MBTI College en Santurce, pero la institución quebró sin que él terminara su currículo. Desde entonces no ha vuelto a estudiar. En enero buscará “opciones”.
“No quiero vivir toda mi vida en la calle. Quiero tener mi casa. Estoy haciendo trámites para conseguir apartamento a través de SANOS”, mencionó.
Se refiere a la corporación Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria (SANOS), adscrita al Municipio de Caguas y que provee servicios de salud a la población participante del plan de salud gubernamental.
La duda con los números
Para Francisco Rodríguez Fraticelli, la historia de Christian es una más –y no por eso menos trágica–.
Como director ejecutivo de Coalición de Coaliciones, entidad que desde 2003 se dedica a coordinar proyectos de vivienda y servicios para personas sin hogar en 54 pueblos de Puerto Rico, sabe que una de las razones por las que jóvenes se ven obligados a vivir en la calle es esa: crecer en hogares sustitutos.
El dato se confirma en el Conteo de personas sin hogar 2019 realizado por el Departamento de la Familia en los 78 municipios: uno de cada cuatro (26%) de los 38 jóvenes entrevistados –de los 85 identificados por la agencia– estuvo bajo la tutela del Estado antes de deambular.
Glorimar Andújar Matos, secretaria de la Familia, defendió la labor de la agencia para evitar este tipo de situaciones. Agregó que existen programas de transición para los jóvenes bajo la tutela del Estado.
“A través del programa Servicio de Vida Independiente, desde los 14 años los jóvenes son monitoreados por nuestro personal. No solo se les guía en sus estudios: también se les dan adiestramientos para manejar su presupuesto y para poder vivir solos”, expuso.
El Conteo de personas sin hogar se realiza cada dos años y es un requisito del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés) para identificar las necesidades de las personas sin hogar y, así, definir los servicios a proveer.
Pero el problema es justo ese: que es un conteo y no un censo. Rodríguez Fraticelli añadió que el estudio no profundiza en las razones por las que los jóvenes terminan en la calle, más allá de la categoría “drogadicción”.
En el documento, el Departamento de la Familia identificó 2,535 personas sin hogar. Un 38% citó como razón el uso o abuso de drogas. Un 64% reportó que todavía toma alcohol, drogas o medicamentos sin receta.
“Cuando el gobierno hace los conteos de personas sin hogar se enfoca en las circunstancias actuales y solo apunta a problemas de drogadicción, cuando muchas veces el uso de sustancias llega después de estar en la calle, como una salida para manejar esa nueva realidad”, señaló Rodríguez Fraticelli.
La historia, segunda parte
Christian fuma marihuana sintética para estar más tranquilo y “escapar” de lo que vive.
“Sinceramente no me ayuda en nada, pero me hace despejar la mente de los problemas y de las cosas que pasan en la calle. A veces me paso todo el día fumando”, soltó.
Pero acepta que no es lo único que ha consumido. “En la calle te encuentras todo lo que te puedas imaginar. He probao’ ácido, hongos, éxtasis…”, listó.
Los números con menos dudas
La hipótesis de Rodríguez Fraticelli es que hay 300 jóvenes en la isla que no cuentan con un hogar –cuatro veces la cifra de 85 reportada por el Departamento de la Familia–.
Intentará probarla en enero del 2020, cuando Coalición de Coaliciones y el SEXTeam del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se unan para conocer y analizar el estado de situación de la población juvenil sin hogar en el país.
Ese número, indicó, lo calculó a partir de la base de datos del Sistema de Información y Gestión de Personas Sin Hogar (HMIS, en inglés), que HUD utiliza para recopilar información sobre solicitudes de vivienda pública de personas o familias sin hogar o en riesgo de quedarse sin un techo.
“Esa otra base de datos dice cuántos jóvenes entre 18 y 24 años están recibiendo servicios de ubicación de vivienda. Ese número –300– es el resultado de los reportes de todas las agencias públicas y privadas que han tocado base con estas personas que buscan servicios de asistencia social”, detalló Rodríguez Fraticelli.
Porque las causas ya las conoce: en el caso de los jóvenes, es frecuente el desempleo o problemas financieros y el rechazo familiar por ser LGBT+. Ninguna de estas razones aparece analizada en el Conteo del Departamento de la Familia.
Andújar Matos reafirmó que el estudio se rige por las definiciones y guías establecidas por HUD. Aclaró que cualquier inclusión de otras variables que permitan conocer el perfil de los jóvenes sin hogar debe hacerse conjuntamente con la agencia federal.
La exposición a trata
Rodríguez Fraticelli considera que hay otra variable que debe contabilizarse: la exposición a ser víctimas de trata humana a través de la explotación laboral o sexual por no tener un hogar.
Hace una década que el sociólogo César Rey Hernández estudia ese fenómeno en Puerto Rico. En ese periodo ha publicado tres estudios sobre las manifestaciones de la trata humana en la isla y ha entrevistado sobre 350 jóvenes entre los 17 y los 22 años.
César Rey Hernández, sociólogo y profesor en la Escuela de Administración Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (uprrp.edu)
Todos, subrayó Rey Hernández, reportaron haber sido víctimas de trata en algún momento por vivir o interactuar en la calle.
El académico afirmó que en el 85% de los puntos de drogas en Puerto Rico trabajan menores que, en la mayoría de los casos, terminan viviendo en la calle cuando cumplen los 18 años.
“Hay un atractivo en ese mercado del narcotráfico para los jóvenes, y más para los que están deambulando. Terminan así porque los expulsaron de sus familias por su orientación sexual, o por ser adictos a drogas, o por tener la madre presa o porque sencillamente entendieron que la calle representaba una mejor alternativa que un hogar disfuncional”, elaboró el profesor de administración pública en la UPR.
La falta de oportunidades laborales para los jóvenes es una fuente del problema, apuntó el experto. El Instituto del Desarrollo de la Juventud reveló en octubre que un 17% de los jóvenes puertorriqueños entre 16 y 20 años no están matriculados en el sistema de educación y tampoco cuentan con un empleo.
Al no poder mantenerse por sí solos, concluyó Rey Hernández, estos jóvenes terminan en las calles, consumiendo drogas y, en muchas instancias, obligados a trabajos sexuales o en el narcotráfico.
“Los jóvenes están propensos a ser víctimas de la explotación por medio de la manipulación. La trata se nutre de esa vulnerabilidad y de engaños. No me cabe duda que de esa estadística de jóvenes viviendo en la calle –que todavía no la tenemos precisa– un por ciento termine siendo víctima de ese delito”, analizó.
La historia, tercera parte
Christian recurrió al trabajo sexual. Aclaró que lo hizo por necesidad, para generar un ingreso, pero no porque alguien lo obligó. La tarifa inicia en los $60.
“Llevo casi nueve años trabajando en la prostitución. Hay clientes, casi siempre hombres”, notó.
Lo hace desde los 15.
El problema de la descoordinación
El senador José Vargas Vidot cree que si la provisión de servicios públicos a las personas sin hogar se realizara de manera coordinada por las agencias involucradas, podría tenerse una mejor radiografía de esa población.
Por eso Vargas Vidot –que antes de ser electo dirigía Iniciativa Comunitaria, otra de las organizaciones que atiende este sector– presentó en agosto el proyecto del Senado 1342. De aprobarse, se crearía el Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo. Fue aprobado en el Senado. Ahora está en vistas públicas en la Cámara de Representantes.
La legislación propuesta resume cómo se ha tratado este problema social en la Asamblea Legislativa. En el 1998 se creó la Comisión para la Implantación de la Política Pública Relativa a las Personas Deambulantes. Esta se eliminó en el 2007, cuando se creó en su alternativa el Concilio Multisectorial en Apoyo de la Población sin Hogar, adscrito al Departamento de la Familia.
Al día de hoy, el concilio es la entidad gubernamental encargada de implementar la política pública relacionada al sinhogarismo. También le corresponde coordinar con las demás agencias y el sector privado para atender las necesidades de este demográfico.
Pero en el 2009 HUD redefinió las “características” de lo que “definía” a una persona sin hogar, lo que provocó que en 2016 la Legislatura transfiriera esa dependencia a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).
Con las enmiendas a la ley federal se modificaron los criterios de elegibilidad que tendrían que cumplir estos individuos para recibir asistencia federal. Este es “un ejemplo de cómo la política pública local es enmendada partiendo de criterios de otras realidades”, sostuvoVargas Vidot en la medida.
Ante ese descuadre, proyecto del Senado 1342 propone crear una corporación pública que se encargue de distribuir y fiscalizar todos los fondos que reciben las agencias de gobierno –no las organizaciones– para trabajar con la población sin hogar. La medida derogaría el concilio y sus funciones pasarían a este nuevo ente.
“Hay una necesidad de uniformar las intervenciones con estas personas, de establecer objetivos de país, métricas de avalúo, de monitoreo y de gerencia fiscal. Eso alguna que otra organización lo resiente porque, aunque no se les toca el dinero que reciben, han pretendido decir que sí. La corporación solo toca el dinero que está asignado a las agencias”, planteó el legislador.
Aunque tiene reservas con el proyecto de ley, Rodríguez Fraticelli coincidió en que el país necesita estrategias que, por un lado, impacten a la mayor cantidad de personas sin hogar, pero por el otro, reconozca las necesidades de cada una –necesidades que varían entre caso y caso–.
El líder social lamentó que el proceso alrededor del proyecto del Senado 1342 “no ha sido transparente ni ha tomado en consideración a las personas que llevamos años trabajando con la gente sin hogar”, asunto que, espera, cambie cuando la medida se discuta en la Cámara de Representantes.
Vargas Vidot rechazó el planteamiento y defendió el espacio que se ha dado, y que espera dar, a estas organizaciones.
“Nosotros tuvimos un año de vistas públicas por medio de mesas comunitarias. El proyecto se hizo con el insumo de esas mesas. A pesar de que en ese año siempre se les invitó, [la Coalición de Coaliciones] nunca vino. Respetamos su trabajo a tal nivel que la pieza no toca los fondos federales que reciben”, destacó el legislador.
El problema de la discriminación
A pesar de que HUD cuenta con reglamentos que prohíben a cualquier entidad que reciba fondos federales discriminar contra personas LGBT+ que busquen asistencia para obtener vivienda, hay quienes los incumplen.
Ese fue uno de los hallazgos del salubrista Luis Arroyo Andújar en un estudio, todavía por publicar, presentado en julio de este año como parte de su maestría en salud pública en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.
El objetivo era investigar si las políticas de acceso de cada organización estaban en sincronía con el Equal Access in Accordance with an Individual’s Gender Identity in Community Planning and Development Programs Rule que exige HUD. El discrimen complica los accesos a los jóvenes que viven en la calle, sobre todo para aquellos que son expulsados por su familia debido a su orientación sexual o identidad de género, recordó Arroyo Andújar.
El reglamento federal dispone “que todo programa de vivienda que sea recipiente y subrecipiente de financiamiento de HUD tiene que permitir el acceso a individuos y familias, independientemente de su orientación sexual, identidad de género y/o estado civil”.
Arroyo Andújar entrevistó a seis de las 42 entidades locales que reciben fondos de la agencia federal para proveer servicios de vivienda. De esas, dos se suscriben a alguna religión o denominación cristiana.
El salubrista encontró que, a pesar de que HUD exige el cumplimiento del Equal Access Rule, la mayoría de los participantes se ampara en otra ley que no necesariamente protege a las personas LGBT+: el Fair Housing Act. Este reglamento dispone similar al de HUD, solo que en la lista de discrímenes prohibidos no incluye la orientación sexual ni la identidad de género, lo que abre la ventana a que, en efecto, la subpoblación LGBT+ de la población de deambulantes no reciba ayuda federal para obtener vivienda.
Arroyo Andújar halló igualmente que las entidades carecen de protocolos para manejar situaciones de discrimen por orientación sexual o identidad de género.
Para el salubrista, las organizaciones no caen en estas fallas de manera adrede, sino por desconocimiento. “Ellos se amparan en que no discriminan. Sin embargo, hay unas reglas que son más específicas, para evitar cualquier tipo de discrimen, y las estaban dejando fuera”, puntualizó.
La historia, cuarta parte
Christian no confía en las organizaciones religiosas que trabajan con las personas sin hogar.
No lo dice porque es parte de la comunidad LGBT+. Lo dice porque no tienen las herramientas para “bregar con la gente de la calle sin juzgarlos”. Con lo que ha vivido le basta para afirmarlo.
“Llevo años dando bandazos por Caguas y no me paro en ninguna [organización] a bañarme ni a comer. Son demasiado lengüilargos. Hablan lo que no deben, de lo que no le incumbe. Para irme a un sitio donde me van a faltar el respeto, mejor me quedo durmiendo en el terminal de carros públicos”, manifestó.