Construirán casas, apartamentos o rehabilitarán estructuras abandonadas para relocalizar familias

Laura M. Quintero, EL VOCERO  10-09-18

Más de 9,000 familias podrían ser desplazadas de sus comunidades ya sea por residir en zonas inundables o con riesgo de deslizamiento, haber perdido sus casas por el huracán María o por falta de titularidad, lo cual supondría uno de los mayores impactos geográficos y sociales por el que atravesaría Puerto Rico a un año de la devastación.

Los proyectos propuestos también implican desplazamientos por políticas municipales para eliminar arrabales o propiciar otro uso del territorio, constató EL VOCERO a través de información recopilada por la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

Ayuda Legal configuró su base de datos a partir de las ponencias presentadas por 68 municipios durante las vistas públicas que celebró el Departamento de Vivienda de Puerto Rico previo a someter su Plan de Acción para el uso de los primeros $1,500 millones de fondos del Programa de Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

“Se llame desplazamiento o relocalización, la realidad es que sin notificación ni oportunidad de mitigación ni participación adecuada, son procesos forzosos que afectan a las comunidades y que afectan derechos fundamentales”, comentó la abogada Ariadna Godreau, directora de la entidad.

La infraestructura de vivienda se supone que tenga prioridad para el primer desembolso de fondos CDBG-DR. Esta cantidad representa, sin embargo, solo una ínfima parte del total de $20,000 millones que el Congreso le asignó a Puerto Rico bajo este programa. Los restantes $18,500 millones serían utilizados principalmente para invertir en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones o proyectos de desarrollo económico para los municipios.

EL VOCERO constató que en las propuestas sometidas por los dirigentes municipales (aquellas que ofrecieron detalles) se contempla invertir más de $334 millones para rehabilitar y construir viviendas para los damnificados por el ciclón, lo cual impactaría a 12,400 familias. Se propone también el desembolso de $94 millones para gastos de cierre y pronto de hipoteca o alquiler de alrededor de 5,300 familias afectadas.

Sin embargo, hay otros $757 millones que se proponen ser utilizados para relocalizar a alrededor de 9,000 familias afectadas por el huracán o desplazar a quienes residen en zonas de riesgo de inundación o deslizamiento. Las familias serían ubicadas en proyectos nuevos (a ser desarrollados con los fondos federales) o en antiguos estorbos públicos o casas abandonadas que serían rehabilitadas.

Algunos de los municipios -como Carolina, San Juan, Vieques y Cabo Rojo- promueven incluso repoblar los cascos urbanos mediante la movilización de las familias afectadas a esta zona.

“Las personas y familias que actualmente viven en condiciones de vivienda por debajo del estándar en áreas de alto riesgo serán reubicadas en proyectos de viviendas rehabilitadas dentro de centros urbanos”, lee la ponencia del Municipio de San Juan. En esos casos, la administración capitalina propone demoler las viviendas inseguras y propensas a inundación, para usar esos terrenos como áreas verdes.

Eliminación de arrabales

Otros casos potenciales simplemente colocan como objetivo “la eliminación de arrabales o comunidades en ruinas”. Tal es el caso de la comunidad El Cerro, en Naranjito, para la cual se propone una rehabilitación de infraestructura sin mayores detalles, así como para áreas de Toa Baja y Juncos.

Además, el municipio de Ciales propuso la demolición de los residenciales públicos Dos Ríos y Alturas de Ciales, y usar fondos federales para adquirir propiedades para relocalizar a sus residentes.

En el caso de Arecibo, se incluyó un proyecto por un costo de $12 millones cuyo objetivo es demoler 50 viviendas de la Urbanización Reparto Martorell para hacer un parque pasivo en su lugar.